=Ante la toma del Legislativo por gente de la UAS-PAS
=A fin de no exponer integridad de los asistentes
=El evento será reprogramado en su oportunidad
=Fiscalía y Poder Judicial, son los facultados para resolver
=El lunes, registro de MoReNa para alcaldes y diputados
Decisión sensata y prudente la de la mesa directiva de la 64 legislatura del Congreso del Estado en la dirección de cancelar, de momento, el encuentro entre el gobernador Rubén Rocha y los 40 diputados locales para un análisis más a fondo del segundo informe de labores del titular del Poder Ejecutivo, entregado por escrito desde el pasado día 15 en acato a lo que al respecto establece el artículo 40 de la Constitución Política de Sinaloa.
Ese encuentro tenía que haberse llevado a cabo este miércoles 29, según la fecha sugerida por el congreso con mucha antelación; sin embargo, la toma del Palacio Legislativo por un numeroso grupo de universitarios -entre autoridades, trabajadores, maestros y estudiantes – había generado una serie de condiciones adversas, que tornaron imposible la realización del evento.
Insistir en su realización, era tanto como exponer a riesgos innecesarios a los asistentes al evento, representantes de todos los sectores de nuestra sociedad.
Los diputados Feliciano Castro Melendrez y Ricardo Madrid -a la sazón presidentes de la Junta de Coordinación Política y de la mesa directiva de la cámara, respectivamente – anunciaron su acuerdo al unísono a eso de las 9 de la noche del martes próximo pasado, una vez que se percataron que ya no había gran cosa por hacer, a menos de adoptar una medida radical, inconveniente, a todas luces en función de la gobernabilidad de nuestra entidad.
Y es que, para esa hora, ya todos los accesos al Palacio Legislativo habían sido bloqueados por completo y resguardados por universitarios debidamente comisionados para el caso, lo cual echa por tierra las versiones en el sentido de que sería solo un plantón ordenado y pacifico y que bajo ninguna circunstancia se impediría el ingreso del gobernador a la sala de plenos.
Todavía ese día, en el puerto de Mazatlán, Rubén Rocha Moya había reiterado su decisión de asistir a la sede del Poder Legislativo y encontrarse, cara a cara, con los 40 representantes populares, a fin de aclararles todas las dudas relacionadas con su informe gubernamental.
Horas después las condiciones para ello eran ya inexistentes, a no ser la toma de una medida radical, como la impensable intervención de la fuerza pública, por ejemplo.
Hay que decirlo con todas sus letras: ante la posibilidad de implementación de un cordón policiaco, desde lo más alto de la cúpula de la Universidad Autónoma de Sinaloa llegó la orden de adelantarse a los planes originales por varias horas a fin de neutralizar la factible estrategia gubernamental.
Y lo hicieron y consiguieron su objetivo: boicotear la comparecencia del gobernador.
Los detalles de la toma del Palacio Legislativo confirman la existencia de estrategas con buenas calificaciones que aún medidos los riesgos están dispuestos a tomarlos. Y ratifican también que era un plan trazado de días atrás, como lo prueba, además de la movilización, el uso de recursos e infraestructura de la UAS, para animar y hacer más placentera la asistencia de los presentes, con música en vivo, teatro universitario, carne asada y comida y bebida a discreción. Toda una romería, en efecto.
¿Un madruguete?
A estas alturas de nuestra columna de hoy, el calificativo parece acertado.
Bajo estas circunstancias es que los diputados que presiden los principales órganos de dirección del congreso (Feliciano y Madrid) se vieron obligados a tomar la decisión que usted ya conoce y seguramente estará de acuerdo con nosotros: sensata y prudente.
Salvo su mejor opinión, amigo lector.
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Y bueno.
Tras puntualizar que en ningún momento pensó en el uso de la fuerza pública para romper el plantón, ni mucho menos reprimir las expresiones de protesta porque el suyo “es un gobierno democrático”, el gobernador Rubén Rocha reiteró su total acuerdo a la decisión asumida por el Congreso del Estado y respaldó la intención de celebrar un nuevo encuentro, dentro de los tiempos del actual periodo ordinario de sesiones, como lo plasma el artículo 40 de la constitución local.
-Nosotros, como gobierno democrático, no podemos usar la fuerza porque los gobiernos de la Cuarta Transformación no reprimimos; no vamos a desalojar ciudadanos que tendrían sus razones para acudir al congreso y expresar su inconformidad -, dijo, en forma textual, el gobernador Rocha Moya.
Sin embargo, aclaró:
-El grupo que acudió al Legislativo, es un grupo convocado por el PAS y por funcionarios y ex funcionarios también miembros de ese partido, que están separados de la Universidad Autónoma de Sinaloa por imputaciones de corrupción.
Y recalcó:
-Ellos son los que quieren resolver su situación por la vía de la presión.
En su mensaje de audio y video, a través de redes sociales y de las plataformas oficiales del Gobierno del Estado, observó que “esa defensa la tienen que hacer ante los tribunales, no con bloqueos ni manifestaciones, como es su intención”.
Para la aplicación de la justicia -abundó- “existe el Estado de Derecho, que ofrece las vías adecuadas para la resolución de conflictos de esta naturaleza” y subrayó que “el Ejecutivo no puede resolver la problemática que aqueja a funcionarios y ex funcionarios porque sencillamente no me compete; eso corresponde a la Fiscalía General del Estado y al Poder Judicial, ambas instituciones autónomas en Sinaloa”.
La declaración pública del gobernador del Estado es alto que no tiene desperdicio como se define en el argot periodístico. Incluye, en forma sintetizada, todos los temas inherentes al asunto y deja claro, de manera contundente, su posicionamiento sobre el particular.
Y pendientes porque esto sigue, por supuesto.
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Por otro lado.
A partir del próximo lunes y hasta el miércoles 06 de diciembre, se llevará a cabo el registro de candidaturas, por parte de MoReNa, a las 20 presidencias municipales de la entidad y a las 24 diputaciones de mayoría relativa, que configuran el Congreso del Estado. Las de representación proporcional vendrán después.
Se trata, seamos precisos, de inscripción para candidaturas, en el entendido de que la respuesta se dará a conocer hasta el 17 de febrero del año entrante.
Quienes den el grado -a juicio de la Comisión Nacional de Elecciones – serán sujetos del proceso de encuestas en todas aquellas posiciones de las que surjan un mínimo de dos y un máximo de cuatro aprobados. Aquellas de las que se desprenda una sola autorización será candidato en automático y se le dará luz verde para el arranque de campaña constitucional en los tiempos previstos por la ley correspondiente.
Será hasta el 5 de abril, sin embargo, cuando quede definido el total de las candidaturas en juego.
Viene, entonces, una semana interesante, que nos obligará a estar pendientes en cuanto a los registros puesto que solo sabremos de ellos a través de los interesados, siempre y cuando lo consideren pertinente.
MoReNa no proporciona ninguna información oficial al respecto.
De hecho, solo lo hace hasta el final y se reserva, además, los nombres de las posibles candidaturas rechazadas.
Así son ellos y hágale como usted quiera.
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Y hasta aquí por hoy. Ya nos vamos. Cuídese mucho y Dios lo bendiga. Ahora y siempre…
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