= A esperar el estado de perdidas y ganancias
= Habrá beneficios, sí; pero también perjuicios
= ¿Salvará el ciclo agrícola Otoño-Invierno
= Las interpretaciones sobre autonomía universitaria
= Unidad de género en la Secretaría de Seguridad
Independientemente del punto por el cual “Nora” impactó en Sinaloa -escribimos esta columna en horas de la tarde del domingo –, las abundantes precipitaciones pluviales registradas durante las últimas horas, deben representar significativas aportaciones de agua a nuestro sistema de presas; pero, para no adelantar vísperas lo más conveniente es esperar balance general y estado de pérdidas y ganancias, que el gobernador Rubén Rocha Moya dará a conocer una vez que la situación haya retornado a la normalidad.
Por todos conocido que hasta antes de la formación de este huracán, las presas sinaloenses, en su conjunto, reportaban un aforo de un 30 por ciento (puntos más, puntos menos) con respecto a su capacidad de conservación y de acuerdo a criterios técnicos elementales requerían de un 50, por lo menos, para sembrar una superficie aceptable de granos -maíz en su mayoría – en el ciclo agrícola Otoño-Invierno 2023-2024.
Hasta este momento, imposible conocer con exactitud el volumen de líquido captado por las presas; pero a menos que las lluvias hayan sido producto de nuestros buenos deseos y nuestra imaginación, deberán registrarse aportación y escurrimientos, por un mínimo de diez puntos porcentuales, en términos globales.
De ser así, todavía no llegaríamos a lo elementalmente deseable; pero, por lo menos, la expectativa ya no es tan mala, como lo era hasta antes del fenómeno meteorológico, aludido.
En fin.
De cualquier modo hay que esperar ese balance general y ese estado de pérdidas y ganancias, porque esta clase de eventos naturales traen el innegable beneficio de las lluvias -más en un Estado eminentemente agrícola como el nuestro -; pero también implica costos…a veces por encima de la aparente utilidad.
Pendientes pues.
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Por otro lado.
La nota que polarizó la atención de la opinión pública estatal lo fue, sin duda, la remoción de Jesús Madueña Molina como rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa por un juez de control, a petición de la Fiscalía General del Estado. Sobre Madueña pesan ya tres procesos penales, de tal modo que la FGE consideró como estrictamente necesaria la separación del cargo, en aras de facilitar las investigaciones correspondientes.
Y hay esto: a reserva de que por ahí surja un amparo en su favor y en contra de la Fiscalía, Madueña Molina solo regresara a la rectoría hasta la existencia de un desenlace, que en su caso no es solo una sino tres las imputaciones ventiladas por el órgano de justicia penal de nuestro Estado.
Es decir: transcurrirán meses para que esto ocurra y el asunto, como aquí lo hemos advertido siempre, se extenderá fácilmente hasta el año venidero.
Por lo pronto Jesús Madueña se ha apegado a un precepto de la actual Ley Orgánica de la UAS en cuanto a que puede retirarse del cargo por un periodo de hasta 40 días y ser sustituido temporalmente por el secretario general; en este caso, Robespierre Lizárraga Otero.
Y eso precisamente fue lo que ocurrió; pero es obvio que 40 días resultarán insuficientes para que Madueña saque todos los fierros que tiene en la lumbre. Solo le comento que sus próximas audiencias están programadas para el 16 de diciembre del año en curso y que de aquí a entonces transcurrirán muchos más que los 40 días que le permite la ley.
Veremos qué pasa.
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Por cierto.
A raíz de este conflicto entre el Estado y la Universidad Autónoma de Sinaloa, han permeado versiones diferentes y diametralmente opuestas a lo que se entiende como autonomía universitaria, que es la bandera enarbolada como defensa irrenunciable por quienes dirigen hoy día a la UAS, con una interpretación muy particular de la cual no parecen dispuestos a apartarse un solo centímetro, tal y como lo reflejan sus actuaciones de los últimos días.
A este respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación divulgó, en fecha reciente, una interpretación sencilla, clara y precisa de lo que debe entenderse como la autonomía de las universidades públicas de nuestro país.
Veamos:
-“La facultad de darse sus propias normas, básicamente la de definir estatutos y regulaciones internas”.
-“La potestad de autogobernarse, eligiendo de entre sus propios miembros a sus autoridades y órganos de gobierno, definiendo, al mismo tiempo, los requisitos para ingresar, permanecer y egresar de una universidad determinada”.
Y:
-“La facultad de administrar su patrimonio, que implica la de establecer distintos mecanismos de financiamiento y obtención de ingresos”.
Hasta ahí, todo bien, en función de los intereses de quienes gobiernan hoy en la UAS.
Sin embargo -aquí es donde cambia la cosa -, La Corte aclara, que dichas facultades “de ninguna manera dotan a las universidades de un régimen de excepcionalidad, extraterritorialidad o privilegio, que las coloque en un supuesto de excepcionalidad o las sustraiga del respeto al Estado de Derecho; esto es, a los principios y normas del sistema jurídico vigente”.
Por el contrario, advierte la SCJN, “esas facultades no tienen un carácter absoluto, sino que deben ejercitarse dentro del marco establecido por la Constitución y las leyes que de ella emanan, en absoluta congruencia con la finalidad constitucional llamada a garantizar la efectividad del derecho a la educación superior”.
Precisamente esta segunda parte es la que, por lo que se ve, no se entiende en la UAS. Y si la entienden -lo que supongo que si – simplemente se desacata porque esto implicaría renunciar a ese indiscutible poder y al control político que representa estar al frente de la centenaria institución, en perjuicio de privilegios de los que goza el grupo que desde hace 18 años maneja la universidad.
Eso es, y no otra cosa, su óptica de la defensa de la autonomía universitaria, con una interpretación claramente sesgada y parcial de las definiciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el particular.
Suyos los comentarios, amigo lector.
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En tanto.
El sábado próximo pasado, entre su agenda de rutina y los preparativos para recibir al huracán “Norma”, el gobernador Rubén Rocha Moya instaló la Unidad de Género de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana a la que doto de 12 patrullas cuyo personal operativo ha sido instruido a poner especial atención en la coadyuvancia y la prevención de hechos relacionados con la violencia contra las mujeres.
Ahí mismo, el titular del Poder Ejecutivo Estatal anunció que remitirá una nueva iniciativa al Congreso del Estado encaminada a modificar la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, bajo un precepto fundamental: que en esto casos, el agresor abandone el hogar y que la víctima permanezca en el mismo bajo el cuidado y la vigilancia de la autoridad.
-Y es que no podemos ser omisos, ni descuidados, ni disimulados, ni mucho menos ser indiferentes ante situaciones de tal naturaleza – apreció el gobernador.
Evento puntual e interesante este del sábado anterior, empujado por la presidente del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, Eneyda Rocha y por la titular de la Secretaria de las Mujeres, María Teresa Guerra Ochoa, ante la incidencia de estas manifestaciones del delito, que atentan directamente contra la célula fundamental de la sociedad: el núcleo familiar.
Digo.
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A manera de colofón: al caer la noche aumentaban los llamados de alerta de las autoridades competentes, frente a los elevados niveles de peligrosidad del huracán “Nora” que nos golpearía al filo de la medianoche, en algún punto ubicado entre Culiacán y Los Mochis. Por lo pronto, las clases están suspendidas para este lunes en todas las escuelas del sistema educativo estatal, lo mismo que las actividades en los tres niveles de gobierno. Existe, además, un llamado a la iniciativa privada para que permita el resguardo en casa de todo aquel personal no estrictamente indispensable en la actividad empresarial. Debe estar fea la cosa, por lo que se ve. Y hasta aquí pues. Ya nos vamos. Cuídense mucho y Dios los bendiga. Ahora y siempre…).
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