El pasado 26 de septiembre en México tuvimos noticia de que en la Casa Blanca, sede del Poder Ejecutivo de los Estados Unidos de América, una humilde mujer mexicana de nombre Cecilia Patricia Flores, originaria del Estado de Sonora, que es una víctima directa de la inseguridad pública que vive nuestro país, gracias al narcotráfico y la delincuencia organizada, recibió junto a otras 69 mujeres del mundo, el reconocimiento a su valentía y liderazgo, en la búsqueda de la paz y la seguridad en sus respectivos países.
Inseguridad pública –en el caso de México- provocada, aunque no lo quieran aceptar los defensores y/o beneficiarios del narcotráfico y el crimen organizado en este país, por una forma de terrorismo implementada en casi todos los confines del territorio nacional.
Ceci Flores, como le gusta que la llamen, es fundadora del colectivo “Las Madres Buscadoras de Sonora” en el año 2019, que se integra hoy de cerca de 900 mujeres, madres en su mayoría y víctimas, tras casi 4 años de practicar la búsqueda personal y aislada de sus hijos, Marco Antonio y Alejandro, este último menor de edad y quien se habría abocado a la búsqueda de su hermano mayor Marco Antonio, desaparecido años antes, ante la angustia que veía en Ceci, su madre y, cuando apenas era un menor de edad.
Las “Buscadoras de Sonora” al igual que las “Rastreadoras de El Fuerte”, nombrado este último colectivo en alusión al municipio del norte de Sinaloa del mismo nombre, El Fuerte de Montesclaros, han forzado con su trabajo y presión involuntaria hacia el Gobierno y los grupos de “poder fáctico”, incluyendo por supuesto a los del crimen organizado en contubernio con los gobiernos de cualquier nivel en México, una alta incidencia de registros y hallazgos de fosas clandestinas y a la vez; ambos colectivos constituyen los dos grupos más significativos de estas agrupaciones a las que en los últimos dos años se les han sumado cientos de mujeres más con una dolorosa causa común: encontrar el paradero de sus hijos con vida, en el óptimo de los casos o, tristemente, sus restos… por lo menos.
Es una expresión, una perspectiva más de las consecuencias de ese delito llamado Desaparición Forzada, usado como estrategia para sembrar el terror en la sociedad, según la propia definición que hace el organismo especializado ‘Amnistía Internacional’.
Y es que ciertamente, la comisión de este delito provoca una enorme sensación de inseguridad y miedo, que no se limita a familiares cercanos de las personas desaparecidas, sino que afecta e involucra también a las comunidades y a la sociedad en su conjunto.
En el pasado, las desapariciones forzadas fueron ampliamente utilizadas por las dictaduras militares; sin embargo en los últimos tiempos, se practican desapariciones en todas las regiones del mundo y en una gran diversidad de contextos, por ejemplo en los conflictos internos, especialmente a manos de gobiernos que intentaban reprimir a opositores políticos o de grupos armados de oposición –como se denunció ampliamente en nuestro país en las décadas de los setenta y ochenta durante la llamada ‘Guerra Sucia’- como los nunca bien recordados ‘Guardias Blancas’, comandados desde la Dirección de la Policía Federal de Seguridad por Javier García Paniagua y los grupos paramilitares comandados después por Miguel Nassar Haro.
La indisociable correspondencia entre gobiernos corruptos y grupos de narcotraficantes en algunos países latinoamericanos como el nuestro, provocan que muchas de las detenciones forzadas sean operadas por grupos que cuentan con la orden, la autorización… o la simple representación del Gobierno en cualquiera de sus niveles.
Verdaderos actos de ilegalidad y mezquindad, que por lo regular terminan en la ejecución de las víctimas y, en el consecuente entierro o depósito de los restos en fosas clandestinas comunes o individuales, que terminan por convertirse en crímenes de lesa humanidad, que termina revictimizando a los deudos, muchas veces las madres –como en el caso que nos ocupa- y donde la responsabilidad del Estado se potencializa al grado tal de equiparar algunos críticos a los gobiernos involucrados/responsables, en auténticas tiranías modernas, que se dan el lujo como en algunas entidades del norte del país, en desdeñar su obligación investigadora del delito y de atención a la ciudadanía que sepa de la existencia de un delito, reportándolo sin demora a la autoridad correspondiente, en este caso la representación social o Ministerio Público, como lo señala la Carta Magna, en su artículo 21: “ La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél”.
De igual forma y en el caso de estar vinculado el hecho ya como causa penal, a las formalidades previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 251, fracciones I, III y V: “Las actuaciones en las investigaciones que no requieren de autorización del Juez de Control, son: I.- La inspección del lugar del hecho del hallazgo; III.- La inspección de personas y V.- La inspección de vehículos…”, de hecho es este un artículo muy controversial por aludido -y hasta prostituido- en carreteras y calles del país, donde cualquier particular con dos dedos de frente, pretende de pronto humillar al oficial que detiene la marcha de su vehículo, para inspeccionarlo con fines de rutina y hasta preventivos. “Apanterado”, el muchas veces ignorante automovilista, alude al artículo 16 constitucional en su “sagrado derecho a no ser molestado en su patrimonio… y su coche es una extensión del mismo”… pues aquí está, coincidentemente, la explicación al por qué sí son legales los llamados “retenes vehiculares”.
Pero es el cuento de nunca acabar… y volver como siempre al origen de nuestros males recientes como país y como sociedad contemporánea: México padece, particularmente en los últimos cinco años, de un mal Gobierno, que está ausente materialmente de sus funciones esenciales… y carece también de ciudadanía, que intervenga, que atiende y respete las leyes vigentes… o que las corrija en el plano legislativo… que se organice políticamente y participe.
Un país donde no se respeta la legalidad de parte del Gobierno como de parte de la ciudadanía por igual, está condenado a la anarquía, al caos… ¡Claro!… a menos que este sea el despropósito impulsado desde el Gobierno.
En México se guarda silencio desde el Gobierno sobre el lugar donde se encuentran –o pudieran encontrarse- los restos de personas ejecutadas o torturadas hasta la muerte, que previamente fueron desaparecidas… y se dice, se guarda silencio, porque la función primigenia del Gobierno es investigar y perseguir el delito, poniendo todos los medios al alcance para estos fines; sancionando al ciudadano aquel incluso que, conociendo de un delito, no cumpla con su obligación de denunciarlo a la Representación Social… sin embargo, no lo hace… regatea la asistencia con instrumental, maquinaria y materiales a los particulares afectados y revictimizados que, como en el caso de las madres buscadoras de Sonora y Sinaloa, acuden en jornadas de sol a sol, sin descanso, a cavar con sus propios medios centímetro a centímetro, metro por metro, hectárea por hectárea, el posible lugar o coordenada donde se pueda encontrar el mínimo indicio del lugar donde yacen los restos de su hijo… menuda tarea.
Y se guarda silencio también, desde luego, desde la cobardía y la siniestralidad de los grupos del crimen organizado y el narcotráfico específicamente, que respaldados en la corrupción de los gobiernos de los tres niveles, omiten criminalmente decir a las madres, padres y familiares de los –por lo regular- varones jóvenes sacrificados, donde yacen sus restos a fin de que sean sepultados bajo las modalidades de la fe y las costumbres de sus deudos.
Este deplorable rubro de la inseguridad pública, podría constituir el más representativo, por el que más se recuerde –en su detrimento y maledicencia, vergonzosamente- al actual régimen de la 4 T que hoy nos malgobierna.
Porque nunca mostró voluntad de atender a las madres buscadoras conforme a los mínimos ordenamientos de la Ley. Indefectiblemente, este Presidente de la República mostró más interés de apoyar, reconocer, reivindicar y hasta santificar al narcotráfico y sus practicantes, que a sus pobres víctimas… por esto se le recordará a López Obrador y a su Gobierno errático.
No creo que sobre la faz de la Tierra y quizá en la historia de la humanidad, haya habido “palada de tierra” o “golpe de azadón” sobre la corteza, que haya contenido una esperanza más noble o una fé más sagrada, que la dispuesta por cada madre afectada en cada uno de estos.
Este silencio, es el único quizá con la categoría de criminal.
La tragedia de las madres buscadoras en México, no ha sido suficientemente difundida ni sancionada por la opinión pública mundial, hoy apenas el mundo abre los ojos ante la tragedia.
Este 2 de octubre, en que por razones de calendario en México celebramos un acto donde a partir del cual, sucedieron decenas de homicidios y numerosas desapariciones forzadas, por parte del Gobierno Mexicano y a través de interpósitos agentes, no precisamente oficiales, se hace un humilde reconocimiento a Cecilia Patricia Flores, en representación de esos centenares de madres, padres y hermanos afectados por el terrible delito de la desaparición forzada, que trágica y brutalmente culminaron en torturas y homicidios.
Ningún ser humano merece quizá vivir esos pasajes de agravio, físico ni psicológico. En tiempos del Imperio Romano, hasta un soldado raso tenía derecho a morir bajo un protocolo de honor y dignidad.
Hoy 2 de octubre en que se recuerda la Tragedia de Tlatelolco, difundimos el plausible hecho de que el Gobierno de los Estados Unidos sí haya tenido un rasgo de grandeza, en descargo quizá de su enorme responsabilidad en el florecimiento y la permanencia del narcotráfico en México y en el mundo, al reconocerle a Ceci Flores su valor como mujer y como víctima, que lucha con su denuncia permanente por un sistema de paz y justicia para México y el mundo.
Ceci Flores, “la mujer con la pala”, en su sagrado silencio propio de una madre que enjuga sus lágrimas y ordena sus recuerdos, sus dolores, para que no se le desborden del corazón, define a su instrumento… define a su fiel compañera en los últimos días, la pala: “Nunca pensé que una pala se convertiría en la esperanza de volver abrazar a mis hijos”.
Y en su clamor genuino, a los cárteles les aclara que «la pala no es un arma; al Gobierno les advierte que tampoco es un bastón”… pero les aclara que tienen la obligación de ayudarlas.
Y todo México está de acuerdo.
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